CIUDAD DE MÉXICO, 09 de mayo, (AZCAPO NOTICIAS/CÍRCULO DIGITAL).— “De nada sirve presentar, discutir y aprobar propuestas de ley o de decreto sin un sustento financiero, pues resultan ineficaces e inoperables en la práctica y, finalmente, no se traducen en beneficios para la ciudadanía”, afirmó la diputada Elena Segura, al presentar iniciativa de disciplina financiera, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Así, explicó la legisladora local, se proponen reformas a los Reglamentos para el Gobierno Interior y de las Comisiones de este órgano legislativo, a fin de establecer la obligación de incluir estimaciones sobre el impacto presupuestario de las propuestas de ley que votan las y los diputados, a través de estudios elaborados por la Unidad de Estudios y Análisis de las Finanzas Públicas de la Asamblea Legislativa.

De igual forma, resaltó la urgencia de aprobar esta iniciativa, a fin de cumplir con lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, misma que entró en vigor en 2016 y, a la letra, señala: “…Todo proyecto de ley o decreto que sea sometido a votación del Pleno de la Legislatura local, deberá incluir en su dictamen correspondiente una estimación sobre el impacto presupuestario del proyecto”.

La presidenta de la Comisión Especial para el Estudio y Análisis de las Finanzas Públicas afirmó que una economía sana representa un factor indispensable para el fortalecimiento continuo del ejercicio de gobierno.

De tal forma que la decisión de contratar deuda debe tener una planificación previa, con la cual se puedan valorar beneficios y evitar así efectos que detengan o posterguen la inversión productiva, que, precisamente, es objeto de este endeudamiento.

Por ello, cualquier política pública enfocada a mantener equilibrio presupuestal recomienda un nivel de deuda discreto, de bajo impacto en las finanzas públicas o manejable en términos financieros, en cualquiera de sus plazos.

La reforma hacendaria que entró en vigor en 2016, intenta controlar la deuda desmedida de estados y municipios. Lamentablemente, en los últimos años esto no ha sido una política pública visible, constante y uniforme, en cuanto a la deuda de las entidades del país. Así, de acuerdo con datos del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas del 2016, mientras que, a principios del presente siglo, el promedio de deuda de entidades federativas y municipios respecto a participaciones federales representaba cerca del cincuenta por ciento; al iniciar el 2016, dicho nivel superó el ochenta por ciento, con un monto de más de 530 mil millones de pesos, equivalente a cerca del tres por ciento del PIB.

Este creciente endeudamiento no representa un riesgo para las finanzas públicas nacionales, pero sí es una alerta para algunas entidades federativas y municipios que podrían comprometer la estabilidad de sus finanzas públicas en el futuro.

De ahí la importancia de crear una regulación integral en materia de responsabilidad hacendaria y financiera, que permita a los gobiernos locales guiarse bajo ciertos criterios únicos, por medio de los cuales se incentive una gestión responsable y se fomente el crecimiento económico, así como la estabilidad en las finanzas públicas locales.

En el caso de la Ciudad de México, es obligación de la Asamblea Legislativa cumplir con el mandato federal y asegurar que los proyectos de dictamen cuenten con una valoración de impacto presupuestario, emitida por la Unidad de Estudios y Finanza Publicas, que representa el órgano de apoyo técnico de carácter no partidista, integrado por especialistas en análisis, organización y manejo de la información relacionada con las finanzas públicas, finalizó Elena Edith Segura Trejo.