CIUDAD DE MÉXICO, 09 de mayo, (AMPRYT / CÍRCULO DIGITAL).- Padres de los 43 normalistas desaparecidos y su representante legal temen que los hechos del 26 de septiembre de 2014 queden impunes si los detenidos obtienen su libertad por haber sido víctimas de tortura.

En relación a la nota publicada, en la que se señala la posibilidad de que los detenidos sean puestos en libertad por una posible violación al debido proceso al comprobarse la tortura en su contra, Vidulfo Rosales, vocero y abogado de los padres de las víctimas advirtió sobre el riesgo de que el caso no sea resuelto.

«Eso evidencia las inconsistencias de la línea de investigación del basurero de Cocula, también da la razón a los padres de familia de la necesidad de avanzar, de mantener abiertas, de ahondar y profundizar en las cuatro líneas de investigación que estamos exigiendo», comentó.

Explicó que las cuatro líneas de investigación que exigen involucran la probable participación en la desaparición de elementos del Ejército del 27 de Batallón de Infantería.

Una segunda exigencia va encaminada a la detención inmediata de los policías federales y municipales de Huitzuco. Además, se pide investigar el trasiego de droga de Iguala a Chicago como probable móvil del ataque contra los jóvenes. La cuarta línea es que la indagación sobre la telefonía celular de los detenidos y oficiales, presuntamente involucrados, avance.

La nota publicada por esta casa editorial destaca que el informe del exvisitador general de la Procuraduría General de la República (PGR), César Alejandro Chávez, dijo que las investigaciones encabezadas por Tomás Zerón de Lucio, entonces director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), tuvieron distintas irregularidades.

El informe fue desechado bajo el argumento de que no se trataba de un documento oficial, fue la ahora Visitadora General la que emitió la resolución, considera que Zerón incurrió en faltas administrativas.

Por ello, agregó impugnaron la decisión. «Tenemos el amparo que interpusimos ante el juzgado tercero de distrito en materia administrativa para que revise esa resolución que rasuró injustamente el informe de César Alejandro Chávez», informó.

Padres de los jóvenes mantienen, desde el 20 de abril, un plantón afuera de la PGR; Alfredo Higuera, fiscal del caso Iguala, y Sara Herrerías Guerra, subprocuradora de Derechos Humanos, acudieron al plantón para invitarlos a retomar el diálogo; sin tener éxito.

Dejan salir a empleados de la PGR

Manifestantes que mantenían bloqueados los accesos a la Procuraduría General de la República (PGR) desde la mañana de ayer lunes, permitieron por la noche la salida del personal que se encontraba al interior de la dependencia.

Minutos después de las 20:00 horas personal de la PGR llegó un acuerdo con los padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa para permitir el desalojo de 116 personas que permanecieron más de 12 horas al interior del edificio ubicado en Paseo de la Reforma 211.

La PGR informó en un comunicado de prensa que los manifestantes solicitaron una relación del personal administrativo que se retiró del inmueble, misma que les fue entregada.

El bloqueo de las entradas forma parte de las acciones que realizan padres de las víctimas desaparecidas el 26 de septiembre de 2014.

En riesgo indagación

Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, escuchó estupefacto el reporte: hay pruebas fehacientes de tortura a los detenidos por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. A uno de ellos le aplicaron el «teléfono», que es el estallido de los tímpanos sin dejar huellas físicas evidentes.

De acuerdo con una reconstrucción, el secretario de inmediato convocó a los titulares del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la Procuraduría General de la República (PGR), la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Policía Federal.

El temor fue que, a futuro, una investigación que llegase a probar que no cumple el debido proceso corre el riesgo de dejar en libertad a los siete detenidos por la desaparición de los estudiantes en Iguala la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, señalaron fuentes federales consultadas.

Tiempo después, en agosto de 2016, la investigación de la PGR que encabezó Tomás Zerón de Lucio como director de la Agencia de Investigación Criminal, estuvo plagada de presuntas ilegalidades, según el informe que en ese momento, integró la Visitaduría General de la PGR, a cargo de César Chávez, mismo que fue enlatado y desechado oficialmente.

Se solicitó a la PGR una postura al respecto, pero ratificó que es un documento no oficial y la Secretaría de la Función Pública (SFP) no respondió, pese a que los padres de los 43 normalistas litigan en tribunales la sanción a los funcionarios señalados en el informe no reconocido de la Visitaduría.

Fuentes del gobierno federal admitieron que existe la posibilidad de que la investigación de la PGR en torno a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa sea controvertida en tribunales internacionales y queden en libertad los detenidos porque se violó la ley: Hubo tortura a testigos y presuntos implicados, se realizaron diligencias fuera de la ley en el Río donde supuestamente hallaron cenizas de los cuerpos y hay contradicción en las actuaciones de los ministerios públicos.

¿Qué dice el reporte?

El documento elaborado por César Chávez, visitador de la PGR hasta antes de presentar su reporte el 18 de agosto de 2016:

⇒ Señala que las retenciones que hizo la ministerio público federal Blanca Alicia Bernal Castilla, en particular de Agustín García Reyes, alias El Chereje, fueron «de manera ilegal y arbitraria».

⇒ Además de que el certificado médico de esa persona fue entregada por la Marina el día 27 a las 23:15 horas, pero el reporte se fechó el día siguiente sin hora precisa.

⇒ El GIEI demostró que hubo un parte médico de la Marina -que fue quien lo detuvo- en donde García Reyes no presentaba lesiones, pero 11 horas después lucía 30 hematomas, excoriaciones y hasta restos de sangre seca.

⇒ Dos de los siete detenidos, Salvador Reza Jacobo y Benito Vázquez Martínez, fueron ubicados en Ahuatepec, Morelos, por la Marina a las 13:20 horas del 27 de octubre, «detenidos en flagrancia» y portando armas de fuego. Sin embargo, para la visitadora esta circunstancia no es probatoria en absoluto.

⇒ Otra contradicción es que Bernal Castilla «levantó indebidamente» actuaciones ministeriales el día 29 en la Ciudad de México, mientras que «ese día se encontraba llevando a cabo la diligencia de búsqueda y recolección de indicios en el Río San Juan».