ESTADO DE MÉXICO, 30 de mayo, (DAVID POLANCO/MENSAJE POLÍTICO/CÍRCULO DIGITAL).—Morena denunció ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) la ilegal intromisión del gobierno federal, a través de un costoso operativo electoral, que busca favorecer a Alfredo del Mazo, candidato priísta a la gubernatura del Estado de México.

Desde la Presidencia de la República se han atribuido responsabilidades fuera de sus funciones a secretarios del gabinete federal y diversos funcionarios de esta administración, a fin de que actúen en calidad de operadores electorales para el PRI durante el citado proceso electoral en dicha entidad, explicó en sus demandas, Horacio Duarte, representante de Morena ante el INE.

Presentó, entre otras pruebas, el documento Activación de lugares prioritarios, Edomex-8 Mayo 2017, elaborado por una de las entidades del consultor político Jordi Segarra, denominada “El Pentágono”.

Dicho texto, que fuese dado a conocer en su momento por el presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, contiene la estrategia electoral del PRI para llevar a cabo la compra y coacción del voto antes y durante la jornada electoral del próximo 4 de junio del presente año.

La estrategia, conforme al texto, divide al estado por zonas, municipios y distritos, además desarrolla para cada uno una táctica específica, designa tareas y señala con claridad a los responsables de cada una para neutralizar a los contendientes que estiman con mayor o mejor posibilidad en cada zona.

“Existe sin lugar a duda la utilización de los recursos públicos no solamente en términos de los gastos que originen el trabajo de los servidores públicos que se señalan como responsables y enlaces, incluyendo el propio pago de sus salarios atendiendo cuestiones ajenas a sus funciones: sino también las erogaciones necesarias para llevar a cabo cada táctica”, explicó Duarte Olivares.

Entre estas erogaciones, mencionó la operación de “call center” para desactivar el voto; la movilización el día de la elección; la operación del contacto directo con el candidato; el pago de voceros de campaña, la promoción de la abstención y desmovilización; la comunicación del riesgo de tener un gobierno de Morena, así como la organización y operación de varias activistas mujeres.

La apropiación y canalización de programas públicos, denunciados previamente también por Morena, continuará a través del manejo que hagan los mandos superiores en el estado de México, señaló el también dirigente del partido en dicha entidad.

Con esta operación electoral, afirmó Duarte, se viola la Constitución, ya que establece la obligación de garantizar a los partidos políticos condiciones equitativas en las elecciones, evitando cualquier influencia externa que pueda alterar la competencia.