CIUDAD DE MÉXICO, 07 de junio, (MENSAJE POLÍTICO / CÍRCULO DIGITAL).- La justicia constitucional propicia la protección de los derechos humanos y la delimitación de las relaciones jurídicas entre los órganos de gobierno en el sentido más amplio, afirmó el Ministro Luis María Aguilar Morales, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

 

Durante la ceremonia de premiación del Concurso Nacional de Tesis en Torno al Futuro de la Administración de Justicia Constitucional en México, el Ministro Presidente agregó que la justicia constitucional se constituye, también, como garantía del contrato social, en el marco normativo de los diferendos que se presentan en la vida institucional.

 

En el auditorio José María Iglesias del edificio sede de la SCJN, el Ministro Aguilar Morales apuntó que “las resoluciones del Poder Judicial de la Federación van fijando los límites y alcances de las facultades y atribuciones de las autoridades frente a los derechos humanos de los gobernados y, con ello, se delinean los principios que forman un Estado constitucional y democrático de derecho al constituirse como intérprete y garante último de la Constitución”.

 

Destacó que la justicia constitucional tiene por objeto garantizar las condiciones de una democracia, es decir, del reconocimiento de los derechos humanos, a través de diferentes medios de control, que en el caso de México son el juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad, la controversia constitucional y los medios recursivos, pues mediante ellos se pueden resolver los conflictos que repercuten en la población en general.

 

Ante el Ministro José Ramón Cossío Díaz, coordinador de los Trabajos de la Comisión Organizadora del Poder Judicial de la Federación para los Festejos del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el Magistrado Salvador Mondragón Reyes, miembro del consejo asesor de la Comisión y director general del Instituto de la Judicatura Federal, y de Alejandro Sahuí Maldonado, miembro del Concurso Nacional de Tesis; el Ministro Presidente dijo que este concurso renueva el compromiso para propiciar una mejora constante que logre una sociedad más justa, equitativa y respetuosa de la dignidad humana.

 

El Concurso Nacional de Tesis en Torno al Futuro de la Administración de Justicia Constitucional en México forma de parte de los trabajos que la Comisión Organizadora de los Festejos del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del Poder Judicial de la Federación lleva a cabo para su conmemoración.

 

El Concurso tuvo como objetivo reconocer los trabajos de investigación que den respuesta a los nuevos retos de la administración de la justicia constitucional, a través de propuestas basadas en criterios de eficacia y operatividad real, dentro del marco constitucional y jurisdiccional de nuestro país.

 

En éste participaron doctores y maestros en Derecho, así como en ciencias afines, cuyas tesis fueron defendidas y aprobadas en examen de grado, entre el 2 de enero de 2015 y el 16 de octubre de 2016 y que no se publicaron en algún medido de difusión, sea impreso, electrónico o digital.

 

El Ministro Presidente realizó la entrega de los reconocimientos a los ganadores. El primer lugar, en la categoría de maestría, fue para Laura Márquez Martínez, de la maestría Derechos humanos y garantías, del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), con la tesis fue Control difuso desde una perspectiva de derecho de acceso a la justicia, de Laura Márquez Martínez,

 

En esta tesis su autora se pregunta ¿cómo utilizar el control difuso para mejorar el derecho de acceso a la justicia, cuando éste se ve afectado por el control semiconcentrado que se aplica en México?

 

Asimismo, esboza una respuesta sobre la interpretación idónea del control difuso frente a los sistemas de control mixtos latinoamericanos, a partir de un análisis extenso de las complicaciones que trajo la reforma constitucional de junio de 2011 y la consecuente interpretación dada por la SCJN en el expediente varios 912/2010.

 

La autora a grandes rasgos concluye que el control difuso debe verse como una llave para la solución de conflictos en la estructura judicial del país y como un modelo esencial para la funcionalización del paradigma de los derechos humanos.

 

El segundo lugar lo obtuvo Ricardo Marín Macías, de la maestría en Derecho, de la Universidad Nacional Autónoma de México, con la tesis El control de la constitucionalidad de tratados de México ¿cómo ejercerlo sin incurrir en responsabilidad internacional?

 

En esta tesis, el autor analiza, a la luz de la reforma constitucional de 10 de junio de 2011, las fortalezas y debilidades de las convenciones internacionales de derechos humanos en el marco jurídico de México, así como sus repercusiones en el ejercicio del control constitucional, con el fin de realizar una propuesta para la resolución de conflictos entre normas constitucionales e internacionales.

 

 

El autor considera que el control incidental de la constitucionalidad puede convertirse en el medio de control que permita determinar la prelación entre las normas constitucionales e internacionales de derechos humanos, mediante la inaplicación de cualquier norma que restrinja la protección de los mismos con efectos particulares.

 

A nivel de Doctorado, la ganadora fue Sara Berenice Orta Flores, de la Universidad de Buenos Aires, con la tesis Las violaciones al procedimiento legislativo mexicano. Estudios de causas y efectos a través del control abstracto de constitucionalidad.

 

Esta tesis, producto de una investigación cualitativa y cuantitativa de la Novena Época del Seminario Judicial de la Federación, aborda el tema de las acciones de inconstitucionalidad de las normas por vicios de forma.

 

Se enfoca al estudio de las violaciones al procedimiento legislativo, como parte de la problemática que resulta al enfrentarse al Poder Legislativo para estar acorde al paradigma del Estado constitucional y democrático de derecho.

 

El texto tiene como objetivo principal demostrar el grado de afectación al principio democrático contenido durante el ejercicio de la función normativa en México.

 

Y el segundo lugar, fue para Roberto Niembro Ortega, de la Universidad Complutense de Madrid, con la tesis La justicia constitucional de la democracia deliberativa.

 

El autor propone una teoría distinta a la que prevalece sobre la función de los jueces constitucionales y el ejercicio de la jurisdicción constitucional y un diseño de control judicial acorde con los postulados de la democracia deliberativa.

 

El argumento principal es que los jueces cumplen con su función según la concepción que tienen de la justicia constitucional, de las instituciones en las que operan sin dejar de lado cuestiones políticas y estrategias.

 

Por ello, el autor recomienda incorporar mecanismos que aumenten el nivel de deliberación y participación que conciban a la justicia constitucional como sede, interlocutora, promotora y garante de la deliberación.