Opinión

Por: Juan Martínez Veloz

Recientemente se realizó un debate intenso en los medios de comunicación y redes sociales con motivo de la Asamblea Constituyente a la que convocó el presidente de Venezuela Nicolás Maduro.

Sentimos que el debate se polarizó a favor o en contra de la personalidad del presidente venezolano. México debe ser cauto en este tema pues solo a los venezolanos les compete decidir su destino. Hay que esperar los resultados de los trabajos parar emitir un posicionamiento sobre el tema.

La realización de una Asamblea Constituyente es un momento especial en un país, es prácticamente una refundación (jurídica) de una república mediante la expedición de una nueva Constitución o una reforma de fondo de la Ley Fundamental. Se hace una convocatoria a elecciones. El Congreso Constituyente dura  varios meses para aprobar su Constitución.

México desde su fundación como república a partir de que se independizo de España  en 1821 ha tenido diversos congresos constituyentes; 1824, 1836,1843, 1847, 1857 y 1917.

La  Constitución y su Congreso Constituyente de  1857  emanaron del Plan de Ayutla  (11 de marzo 1854).

La Constitución mexicana  vigente de 1917 se realizó  como un agregado del Plan de la Hacienda de Guadalupe de 1913.

 Como sabemos, el general golpista del ejército federal Victoriano Huerta ordenó el asesinato de Francisco I. Madero y  José María Pino Suárez el 22 de febrero de 1913 y tomo el poder de la nación mediante un golpe militar, iniciándose así una segunda fase militar y política de la Revolución Mexicana.

La mayoría de los gobernadores en funciones, el Poder Judicial, el Senado reconocieron Huerta.  Las excepciones fueron Coahuila, Sonora y Emiliano Zapata. La valiente y heroica la XXII Legislatura coahuilense desconoció mediante un decreto  al usurpador.

Posteriormente un grupo de líderes revolucionarios expidió el Plan de Guadalupe, firmado en la hacienda del mismo nombre propiedad de Marcelino Garza (municipio de Ramos Arizpe, cerca de Monclova, Coahuila) el 26 de marzo de 1913.

Mediante dicho Plan  se desconocía Victoriano Huerta y a las autoridades simpatizantes del usurpador (jueces, gobernadores); designaba a Carranza Primer Jefe del Ejército Constitucionalista y encargado transitoriamente del Poder Ejecutivo, quien convocaría a elecciones.

EL MOVIMIENTO CONSTITUCIONALISTA DE LA HEROICA LEGISLATURA COAHUILENSE, VENUSTIANO CARRANZA Y LOS FIRMANTES DEL PLAN DE GUADALUPE SE INSPIRABA EN UNA VIEJA IDEA DEL DERECHO CONSTITUCIONAL DE MEDIADOS DEL SIGLO XIX QUE LAS LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS CONTROLABAN LA CONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES Y ACTOS DEL CONGRESO (ART. 23 DEL ACTA DE REFORMAS DE 1847)  Y POR TANTO EL NOMBRAMIENTO DE VICTORIANO HUERTA COMO PRESIDENTE ERA NULO Y CONTRARIO AL ARTÍCULO 128 DE LA CONSTITUCIÓN DE 1857 (ARTÍCULO136 DE LA CONSTITUCIÓN ACTUAL) VIGENTE EN ESE TIEMPO, QUE SEÑALABA:

“Esta Constitución no perderá su fuerza y vigor, aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia. En caso de que por un trastorno publico se establezca un gobierno contrario a los principios que ella sanciona, tan luego cuando el pueblo recobre su libertad se restablecerá su observancia, y con arreglo a ella, y a las leyes que en su virtud se hubiesen expedido, serán juzgados, así los que hubiesen figurado en el gobierno emanado de la rebelión, como los que hubiesen cooperado a esta”.

El Plan de Guadalupe en su versión original de marzo de 1913, sufrió posteriormente algunas modificaciones;  el 4-8 de julio de 1914 (Pacto de Torreón).

Finalmente el Plan de Guadalupe sufrió otros agregados más; el 12 de diciembre de 1914  y el 14 de septiembre de 1916 cuando se publicó el decreto de reformas con la finalidad de convocar a elecciones para integrar el Congreso Constituyente que reformaría originalmente la Constitución de 1857 y  que en definitiva expidió una nueva Ley Fundamental.

La expedición de la Constitución del 5 de febrero de 1917  y su Congreso Constituyente realizado en la Ciudad de Querétaro fue el  producto del movimiento armado y constitucionalista iniciado con motivo del Plan de Guadalupe.

La nueva ley fundamental de 1917 aportó instituciones para el desarrollo del país; el carácter libre y laico de la educación y la gratuidad de la enseñanza primaria (Art.3º), el Ministerio Público (Art. 21) , la propiedad originaria de la nación de las tierras y aguas, el derecho del Estado a la expropiación, el fraccionamiento de los latifundios y el establecimiento de la pequeña propiedad (Art.27), el Municipio Libre (Art. 115),los derechos de los trabajadores (Art. 123) y la separación del Estado con las iglesias (Art. 130), entre otros importantes aspectos.

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