• Propondrá un punto de acuerdo para que el Senado de la República pueda objetar la destitución de Santiago Nieto Castillo.
• El objetivo de su despido fue para evitar que se investigue a fondo el caso Odebrecht en México.

Ciudad de México a 22 de Octubre (FRANCISCO MONTAÑO / CÍRCULO DIGITAL).-El Senado de la República debe objetar la remoción de Santiago Nieto Castillo como titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), pues la decisión de separarlo de su cargo habla de la anulación a la poca autonomía e independencia que las fiscalías poseen para combatir los delitos de su especialidad, aseguró el senador Miguel Barbosa Huerta.

El vicecoordinador político del grupo parlamentario PT-Morena afirmó que es un “hecho de suma gravedad” destituir a un Fiscal independiente y autónomo para imponer a un incondicional del poder, razón por la cual el próximo martes, en la sesión del Senado, se propondrá un punto de acuerdo para que el Senado de la República objete la remoción de Santiago Nieto.

Su destitución como titular de la FEPADE “tuvo como objetivo real impedir que se investigara a fondo el caso Odebrecht en México, el pago de sobornos a Emilio Lozoya Austin y la posible utilización de recursos producto de dichos sobornos en la campaña de Enrique Peña Nieto, en 2012”, sostuvo.

Miguel Barbosa Huerta dijo que es aplicable el procedimiento que define el Título Octavo del Reglamento del Senado de la República, el cual establece la regulación para distintos procedimientos especiales de los que conoce este órgano legislativo, entre ellos, los de nombramiento, remoción y objeción.

Explicó que conforme a dicha normatividad, el mecanismo de control parlamentario se desarrolla de la siguiente manera: una vez que la Cámara de Senadores conoce de la remoción dictada por el titular de la PGR – en este caso, de subprocurador que lo suple – el Presidente de la Mesa Directiva da cuenta al Pleno y turna el asunto a la comisión o comisiones correspondientes.

Después, la comisión o comisiones, para efecto de garantizar el derecho de audiencia del servidor público removido, deberán solicitar su comparecencia para que manifieste lo que a su derecho convenga, a fin de contar con elementos objetivos de juicio para la resolución.

Ya después del análisis de los elementos de juicio con que cuenten las comisiones, emitirán dictamen por el voto mayoritario de sus integrantes, mismo que se hará del conocimiento de la Mesa Directiva para que sea agendado a la sesión ordinaria del Pleno en la que haya de resolverse.

La resolución del Pleno deberá tomarse por la mayoría de los legisladores presentes, conforme lo ordena el artículo Decimoctavo Transitorio del Decreto de reforma constitucional en materia político-electoral, mediante votación nominal del dictamen emitido por las comisiones.

El senador Miguel Barbosa Huerta señaló que el caso Lozoya-Odebrecht no es la única indagatoria desarrollada por la FEPADE, relacionadas con delitos electorales y hechos de corrupción política, que pudieran estar generando incomodidad en altas esferas del poder público.

“Están también las carpetas de los ex gobernadores priistas Javier Duarte, César Duarte y Roberto Borge, investigados por el presunto desvío de cantidades inusitadas de recursos públicos para apoyar campañas electorales locales; así como los de Diana Karina Velázquez, indagada como parte de la operación en torno al ex mandatario.

Asimismo, las averiguaciones en contra de Rigoberto Salazar, ex secretario de Desarrollo Social de Colima, investigado por presunto desvío de recursos públicos para financiar actividades de su partido político, e Hilario Ramírez, ex presidente municipal de San Blas, Nayarit, y candidato independiente a gobernador del estado, indagado por financiamiento ilícito para su campaña.

Barbosa Huerta consideró que el contexto político expuesto no permite dar crédito a los motivos de la remoción de Santiago Nieto Castillo. “Si fuera el caso, la polémica que despertó la declaración del Fiscal especializado no es suficiente para solventar la aplicación de la medida extrema. La reacción del titular en funciones de la PGR es, a todas luces, desproporcionada. Mueve dudas y motiva sospechas”.

“La desproporción de la medida habla más de la anulación a la poca autonomía e independencia que las fiscalías poseen para combatir los delitos de su especialidad, que de la eficiente vigilancia a las actuaciones de los servidores públicos”, sostuvo.