Ciudad de México, 20 de Mayo (ESFERA EMPRESARIAL/ CÍRCULO DIGITAL).-  La diputada Hilda Miranda Miranda (PRD), secretaria de la Comisión de Desarrollo Social, informó que promueve una iniciativa de reforma a la Ley Minera, para que las comunidades y pueblos indígenas sean consultados sobre el desarrollo de las actividades mineras.

En un comunicado, la legisladora apuntó que se requiere reformar la Ley Minera, para incorporar mecanismos de consentimiento y participación de dichas comunidades y pueblos, “a fin de transformar esta industria en una actividad para el beneficio colectivo”.

Subrayó que es necesario incorporar el principio de consulta libre, previa e informada, para tengan garantizado su derecho a participar en la toma de decisiones y en la planificación de su desarrollo, en lo que respecta a las actividades relacionadas con la minería, que contribuyen con el 4.0 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

La también integrante de la Comisión de Desarrollo Rural señaló que México es uno de los 20 países firmantes del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados; sin embargo, afirmó, las autoridades otorgan concesiones de exploración y explotación de minas sin realizar dichas consultas.

La legisladora por el Estado de México sostuvo que la ley vigente “ha sido una herramienta de saqueo institucionalizado”.

“En todas las entidades donde se cuenta con actividad minera se registran denuncias de abusos y violaciones a derechos humanos relacionadas con la destrucción del entorno físico, agotamiento de mantos acuíferos, despojo de tierras y desplazamiento forzado”, acusó.

“Además, hay destrucción de costumbres y formas de vida, por lo que lejos de beneficiarse de dicha actividad, los pueblos y comunidades indígenas sufren enormes deterioros”, agregó.

Dijo que, de acuerdo con datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en el país hay 635 lugares contaminados, principalmente por el mal manejo de residuos peligrosos y por actividades mineras, 95 por ciento de los cuales no ha sido atendido.

Miranda Miranda refirió que, de acuerdo con el Registro Público de Minería, de septiembre de 2015 a junio de 2016, se emitieron 558 nuevos títulos a particulares que les permitirán extraer oro y plata, entre otros minerales, de una superficie de 1.1 millones de hectáreas.

Comentó que su propuesta de reforma a la Ley Minera la inscribió ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.