Ciudad de México 12 Septiembre (MENSAJE POLÍTICO/CÍRCULO DIGITAL).-El senador Ovidio Peralta Suárez promovió en el Senado mexicano el fortalecimiento de la legislación para garantizar que, en el futuro, los proyectos se ejecuten con mayor responsabilidad y perspectiva de protección de los derechos de todas y todos los mexicanos.

Pues en México el daño ambiental y los desastres ecológicos provocados por empresas nacionales y multinacionales ha aumentado a una velocidad alarmante

El legislador pretende garantizar que las actividades económicas no causen perjuicios o provoquen los menos posibles, en cumplimiento con los compromisos internacionales del país. Esto, por medio de cambios a las leyes General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, y Federal de Responsabilidad Ambiental.

En la iniciativa que lleva de manera conjunta con el senador Ricardo Monreal, ambos plantean reconocer y adoptar los principios medioambientales generales, de precaución, prevención, cautela, corrección y responsabilidad, para generar mejores prácticas y refrendar el compromiso del Estado mexicano en la protección y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad.

Peralta Suárez afirmó que además de los daños ambientales, como la destrucción de hábitats, degradación de recursos naturales y condiciones meteorológicas extremas, el problema se extiende a la salud pública, pues el daño que han ignorado las empresas se traduce en efectos nocivos.

Tal es el reciente caso donde Grupo México derramó tres mil litros de ácido sulfúrico sobre el Mar de Cortés, provocando el ecocidio en gran proporción de la bahía. Esta empresa ha estado implicada en más de 20 accidentes, desde 1998. Así muchas empresas, a pesar de haber causado daños irreversibles siguen operando y lo seguirán haciendo, pues muchas cuentan con más de 50 permisos y 200 concesiones, cuya vigencia alcanza hasta el año 2062.

Ante esto, aclaró el legislador, la propuesta establece la procedencia de sanciones económicas, y las aumenta para personas físicas y morales, con máximos que estarán en 70 mil y 800 mil días de salario mínimo general vigente, respectivamente. Además, modifica el tiempo de prescripción de la responsabilidad ambiental a un periodo de 30 años.

También se considera que la reparación incluya el tratamiento médico de las poblaciones afectadas en caso de que el daño perpetrado fuere nocivo para la salud.

Ovidio Peralta resaltó que cualquier persona física tiene derecho de demandar judicialmente la responsabilidad ambiental, al tratarse de un derecho humano que afecta no sólo a la comunidad, sino que sus efectos se extienden de manera prolongada.

Cabe resaltar que el derecho a un ambiente sano para el desarrollo y el bienestar está consagrado en el artículo 4º de la Constitución. Y el artículo 25 de la Carta Magna establece que el desarrollo nacional deberá observar la sustentabilidad y la equidad social como criterios reguladores frente a cualquier proyecto productivo.