Análisis a Fondo

Francisco Gómez Maza

·        Cisen perredista descubierto en pleno centro histórico

·        El trabajo de las autoridades es investigar: Mancera

Espiar a la oposición fue eficaz instrumento de los gobiernos revolucionarios para deshacerse, a como diera lugar, de los adversarios marcados con el sello de subversivos, “un peligro” para la seguridad del Estado de pensamiento único. Es más, “un peligro para México”.

La dictadura perfecta del PRI, que no dejaba títere con cabeza entre quienes sus censores consideraban subversivos.

Es incalculable el número de desaparecidos y ejecutados sobre todo en los años más perversos de la “Guerra Sucia”. Las fuerzas de seguridad arrasaban con todo lo que oliera a subversión. Se salvaban los opositores de la derecha panista.

El estado de Guerrero fue escenario de una persecución infame de opositores de izquierda, de integrantes de las guerrillas de los profesores Jenaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas.

Las aguas del mar pacífico son testigos de la desaparición, por ahogamiento, de cientos de opositores, muchos del incipiente Partido de la Revolución Democrática, que al final se hizo cómplice del sistema priista.

En esa era de la dictadura perfecta en la que campeaba el sofisma de “Revolución y Justicia Social”, escrito en los portales de todas las oficinas del PRI en la República, el gobierno federal y, por ende, los gobiernos de los estados de la Federación se sostenían, en gran parte, por el mercado de la encarcelación, de la desaparición y de la muerte.

El medio: el espionaje de la policía política. Muchos opositores, periodistas, intelectuales, políticos, sacerdotes católicos, obispos, entre muchos otros, fueron víctimas de la Dirección Federal de Seguridad y del Cisen, que mantenías estrecha vigilancia como un Big Brother orwelliano.

Pero esta política de controlar los movimientos de la supuesta oposición no terminó con la debacle del sistema de partido único. Algunos opositores aprehendieron muy bien los modos de la dictadura perfecta.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México anunció la semana pasada que sus sabuesos van sobre una presunta red de espionaje establecida durante el gobierno del perredista Miguel Ángel Mancera.

La jefa de Gobierno de la Ciudad, doctora Claudia Sheinbaum, dijo esperar que los “dogwatches” de la fiscalía, que comanda Ernestina Godoy, se llegue “hasta las últimas consecuencias” porque, según dijo, el problema no es sólo “la ilegalidad de estas actividades, sino que eran con recursos públicos”.

“El problema es la corrupción, más allá del propio espionaje”, agregó.

Ya saben, por supuesto, que fue el llamado colectivo Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, la entidad que acaba de divulgar un trabajo para denunciar que, durante la administración de Mancera (2012-2018) fueron espiados 119 políticos, académicos y funcionarios públicos, incluyendo al actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, y a la propia doctora Sheinbaum.

Inclusive, el trabajo mencionado da detalles: la labor de espionaje se realizaba desde un edificio del centro de la ciudad, cuyas instalaciones fueron desmanteladas antes del cambio de gobierno; es decir, para el arribo a palacio de gobierno de la administración morenista.

Las autoridades de procuración de justicia han tomado ya declaración a una treintena personas y realizan el análisis forense de diversos equipos de cómputo y archivos.

Mexicanos contra la Corrupción dijo que cuando solicitaron el comentario de Mancera, el ex jefe de gobierno se limitó a contestar que el trabajo de las autoridades de la Ciudad de México es investigar.

Mientras son peras o manzanas, habrá que cuidarse hasta de la propia sombra.

¿Sabía usted que, mediante su teléfono móvil, usted está a expensas de quienes quieran saber hasta qué hace usted en su recámara? Y que, si lleva su aparatito encendido, no va solo, sino que muchos ojos lo van vigilando.

A DESFONDO:

La mañana de este jueves fue filtrado – no, no se filtró – que ya existe un proyecto, a cargo del magistrado Luis María Aguilar Morales, cuya resolución es en sentido negativo, lo que significa que se declarará inconstitucional la consulta popular en torno al enjuiciamiento de los ex presidentes de la república, de Carlos Salinas de Gortari a Enrique Peña.