La corrupción asociada el ejercicio del poder, es una de las mayores promesas incumplidas de la democracia, además de la desigualdad y la pobreza, pues estos fenómenos van mucho más allá de los propios procesos comiciales.


Ciudad de México, 1 marzo 2021 (REDACCIÓN / CDMX MAGACÍN).- Con el objetivo de implementar estrategias prevenir el financiamiento ilícito en las próximas campañas políticas, este lunes el Instituto Nacional Electoral y la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, signaron un convenio de colaboración con el que se busca sancionar delitos en materia fiscal y financiera, además de identificar empresas factureras o fantasma que pudieran interferir en el proceso.

En el marco de la ceremonia protocolaria, el Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova, consideró que la corrupción asociada el ejercicio del poder, es una de las mayores promesas incumplidas de la democracia, además de la desigualdad y la pobreza, pues estos fenómenos van mucho más allá de los propios procesos comiciales.

“Hoy nos convoca la urgencia de recrear nuestro compromiso para enfrentar la corrupción de forma decidida e inteligente y, por lo tanto, de manera conjunta y colaborativa en el ámbito de las responsabilidades y atribuciones de cada una de nuestras instituciones”, sostuvo.

El convenio resulta particularmente útil ya que las capacidades de fiscalización del Instituto trascienden los momentos electorales, pero los posibles actos ilícitos que pudieran identificarse no son competencia del INE, aunque representen un hecho que debe atenderse por otras instancias del Estado.

“Este convenio fortalece esa lógica de funcionamiento colegiado y colectivo o, en otras palabras, contribuye a tejer de manera cada vez más fina la red que las instituciones del Estado mexicano echamos para combatir la corrupción. El INE se ha sumado a la lucha contra la corrupción y al impulso de la rendición de cuentas”, sentenció.

Por su parte, el Procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, expuso que los delitos fiscales y financieros se entrelazan con las conductas ilegales en los procesos electorales.

“Las mismas empresas fantasma que se utilizan para vender facturas falsas se usan para corromper el debido ejercicio y destino de los recursos públicos. Así, bajo el velo corporativo de las empresas de papel, los grupos organizados pretenden disfrazar el origen de los gastos de campañas políticas, rebasar los topes establecidos en ley y emitir tarjetas de servicios para comprar la voluntad de los ciudadanos, sobre todo, la de los más marginados. Y una vez que llegan al poder buscan cobrarse las cuentas con la entrega ilegal de obras o servicios a sobreprecios obscenos. Un círculo vicioso que debe atacarse por todos ustedes», manifestó al referir que a quienes se sienten intocables, «se les acabó la fiesta».