+Probeis, programa consentido de AMLO bajo el ojo de la Auditoría Superior de la Federación

+La ASF detectó anomalías en el programa E068-Educación Física de Excelencia de la SEP

+En la revisión de este caso están implicadas las comisiones del Deporte de Guanajuato y Jalisco

 +Un funcionario se embolsó más de 600 mil pesos de dos proveedoras

+Previamente había detectado “presuntos” malos manejos en la Conade, que encabeza Ana Guevara

+La Secretaría de la Función Pública ya inhabilitó a 10 funcionarios de la administración de la medallista olímpica

 

Ciudad de México, 5 de marzo (BALÓN CUADRADO).- Primero fue la Conade. Ahora, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó anoma­lías por 81 millones de pesos en la aplicación, durante 2019, del programa Educación Física de Excelencia, de la SEP –de donde provienen los recursos con los que opera la Oficina de la Presidencia para la Promoción y el Desarrollo del Beisbol en México (Probeis, con sede en Palacio Nacional)–, que derivaron en cinco promociones de responsabilidad administrativa y siete pliegos de observaciones.

Aunque durante el transcurso de la revisión la ASF logró recuperar 63.4 millones de pesos, aún quedan pendientes por aclarar 17.6 millones. De ese dinero deberán dar cuenta los institutos del deporte de Jalisco y Guanajuato, pues fueron los que ejercieron los recursos federales mediante convenios con la SEP.

Información de la ASF apareció casi simultáneamente a la práctica de bateo –en el Deportivo de la Alianza de Tranviarios en la Alcaldía Iztapalapa, en Ciudad de México–, el pasado domingo del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuyo video de 43 segundos difundió él mismo en su cuenta de Twitter. En él explica que se «escapó» de sus actividades en Palacio Nacional para tomar el sol, después de que hace alrededor de un mes dio positivo a Covid 19.

De acuerdo con la ASF, el caso más grave es el de la Comisión del Deporte (Code) de Guanajuato, que encabeza Isaac Piña Valdivia, donde se detectó que un servidor público adscrito al área de compras de esa dependencia y que llevó a cabo los procedimientos de contratación de los servicios, recibió en su cuenta bancaria 623 mil 300 pesos de dos proveedores. El nombre del funcionario no fue revelado.

Los proveedores vinculados entre sí son: Servicios Corporativos SRP, SA de CV; Speroni, SA de CV, y Experiencias Deportivas Deex, SA de CV.

De acuerdo con lo reportado por la ASF, no se acreditó la realización de uno de los 18 eventos (en Lagos de Moreno, Jalisco) para la detección de talento, por un monto de 1.8 millones de pesos, en donde supuestamente se detectaron jugadores de entre 11 y 17 años para llevarlos a alguna escuela del sistema de la Asociación Nacional Atlética Colegial (NCAA).

En entrevista con el semanario Proceso, el responsable del Probeis, Édgar González Sabín, refiere que la auditoría es inexacta, pues todos los eventos y servicios contratados se llevaron a cabo.

Asegura que tiene evidencia documental para ayudar a solventar las observaciones a los institutos del deporte de Guanajuato y Jalisco.

Aunque admite que es un problema la manera en que opera el programa E068-Educación Física de Excelencia, puesto que el dinero sólo puede salir de la SEP mediante los convenios que firme con los estados de la República.

Probeis fue creado por el presidente López Obrador. Tiene un presupuesto de 350 millones de pesos anuales. Que representarán al final del sexenio dos mil 100 millones. Amén de los poco más de mil millones en la adquisición de dos estadios para la práctica de pelota en Hermosillo, Sonora.

“Corre Ana, corre”

Previamente, la misma ASF confirmó que durante el primer año de gestión de Ana Gabriela Guevara Espinoza, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte estuvo plagada de actos irregulares.

Entre ellos “presuntos” actos de corrupción –incluyendo sobornos– y adjudicaciones directas inexplicables, y dejó al menos 186 millones 706 mil pesos pendientes de comprobar.

En una amplia auditoría forense al programa de Atención al Deporte –publicada el sábado 20 de febrero y cuya versión adelantada obtuvo en su  momento la revista Proceso–, el organismo fiscalizador estimó que la Conade malgastó seis de cada 10 pesos de la muestra de 310 millones de pesos que pudo auditar.

Los cuales, a su vez, representan poco menos de la mitad de los 679 millones de pesos que la institución gastó en 2019 en el programa.

La auditoría de 162 cuartillas, con número 117-DS, reforzó los señalamientos de corrupción contra el equipo de trabajo de Guevara, y que la periodista Beatriz Pereyra ha documentado de manera amplia en las páginas de esa publicación en el último año y medio.

Entre otras cosas, argumenta el semanario en la edición que circuló el pasado 21 de febrero, la ASF confirmó las irregularidades en el contrato de 16.5 millones de pesos que la Conade adjudicó de manera directa a la empresa Cocinas Industriales Multifuncionales de Calidad, SA de CV.

Para ello el equipo auditor incluso visitó un Centro Federal de Readaptación Social en noviembre de 2020, para entrevistar ahí a un socio y un representante legal de la empresa contratista.

Estas personas –encarceladas ambas– refrendaron que, en junio de 2019, exfuncionarios de la Conade presentaron una estructura para lavar dinero, que incluía un soborno inicial de 150 mil pesos, a empresas fantasma y una comisión de 15% del monto facturado, el cual debía ser inflado.

Además de pedir información fiscal sobre una empresa presuntamente fantasma involucrada en el esquema, la ASF presumió que este contrato provocó un daño o perjuicio de 14 millones 856 mil pesos al Estado mexicano, pues la Conade no pudo acreditar que los servicios fueron prestados, ni que la empresa cumplía con los requisitos.

En mayo de 2020, la empresa interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra seis funcionarios de la Conade –entre ellos la propia Ana Guevara– por asociación delictuosa, soborno, simulación de licitación, falsificación de documentos y cohecho.

Ese contrato no fue el único en captar la atención de la ASF, que de manera general determinó –con cierto eufemismo– que la Conade tiene un “control interno con nivel bajo”:

El organismo dirigido por David Colmenares Páramo también halló diversas irregularidades en el contrato de vigilancia, que la dependencia adjudicó de manera directa al polémico Cuerpo de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México, un grupo mexiquense semiprivado que opera de manera opaca y obtuvo contratos multimillonarios durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

La Conade tampoco pudo justificar el destino de 15 millones 572 mil pesos, devengados en el marco del convenio existente con el gobierno de Cuba para traer 29 entrenadores del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación de la República de Cuba a México, y enviar pruebas antidopaje a esa institución.

Respecto a este contrato, la ASF observó que la Conade gastó 20% más del monto acordado, no pudo acreditar los servicios de los entrenadores –ni siquiera “contó con documentación que acreditara el legal ingreso y estancia al país de los entrenadores de nacionalidad cubana, ni que cubrieran con el perfil”–.

Tampoco pudo acreditar que “se realizaron, entregaron y proporcionaron los resultados de las mil 287 muestras de orina y sangre para su análisis antidopaje, o bien, el listado de dichas pruebas”, servicios por los cuales pagó un monto de 8 millones 519 mil pesos, apuntó la ASF.

Ninguno de los contratos analizados por la ASF escapó a la crítica: la Conade no pudo probar que el proveedor de extintores efectivamente entregó los bienes comprados; no logró justificar la adjudicación directa de 43.6 millones de pesos a la empresa Productos Serel para un contrato de servicio de alimentación –empresa que solo reportó un trabajador activo en el IMSS–, y tampoco explicó el destino de 8.6 millones de pesos pagados a la empresa Publicidad Serna para un contrato de 2018.

La lista de irregularidades es larga. Incluye empresas no localizadas en sus domicilios fiscales reportados ante el Servicio de Administración Tributaria –con sospecha de que se trate de empresas fantasma–, y pagos por 116 millones de pesos a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo por un servicio informático imposible de probar, pues cuando la ASF quiso verificar los bienes, éstos habían sido desinstalados.

En el informe de auditoría, la ASF se limitó en revisar parte del gasto del programa de Atención al Deporte; no estudió el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, a través del cual el equipo de Ana Guevara desvió decenas de millones de pesos, como lo reveló este semanario en junio de 2019 (Proceso 2242), lo cual fue confirmado por la Secretaría de la Función Pública en febrero de 2020.

La ASF concluyó que la Conade “no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes”:

Deploró que “adjudicó de forma directa servicios sin motivar el caso fortuito o de fuerza mayor, ni su nexo causal para realizar el procedimiento de adjudicación directa”.

“No vigiló que se cumplieran con los requisitos solicitados a los proveedores, para su participación en el procedimiento de contratación (…) no documentó integralmente los expedientes de contratación; convino obligaciones con una vigencia previa a la celebración de los contratos (…) no administró, inspeccionó, vigiló ni supervisó el cumplimiento de los servicios contratados; no dio seguimiento a las acciones y obligaciones contraídas”.

Y más:

“Realizó pagos sin contar con la documentación comprobatoria que justifique el cumplimiento de los servicios, así como, el control, supervisión validación y aceptación de estos”.

Guillotina de SFP

La administración de Ana Gabriela Guevara al frente de la Conade acumula personas sancionadas por la Secretaría de la Función Pública (SFP): en suma, son 10.

El pasado 10 de febrero, la SFP inhabilitó por seis meses a dos funcionarios de la Comisión y suspendió por el mismo lapso a un tercer servidor púbico, luego de que las auditorías de 2019 y 2020 determinaron que hubo malos manejos del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar).

De acuerdo con la SFP, el expediente de las faltas tipificadas como graves (es decir, la entrega indebida de recursos) fue enviado al Tribunal Federal de Justicia Administrativa para su resolución.

La Secretaría informó que los servidores públicos “fueron responsables de irregularidades en el ejercicio y comprobación de recursos públicos” de dicho Fondo en el ejercicio 2019.

Aseguró que “cada sanción es resultado de un cuidadoso procedimiento de responsabilidad administrativa, por el cual el Órgano Interno de Control en la Conade determinó que el director de Alto Rendimiento, quien ya había sido separado de su cargo como medida cautelar para el buen desarrollo de las investigaciones, autorizó de forma irregular la liberación de recursos públicos del Fodepar, destinados a cubrir las necesidades de los atletas”.

La segunda sancionada fue la jefa de Departamento de Inversión y Evaluación Fiduciaria, quien “aprobó y autorizó de manera indebida el reintegro al Fodepar, con documentación incompleta y que no cumplía con las disposiciones oficiales”.

Y el tercero sancionado por la SFP fue quien se desempeñara como subdirector de Calidad para el Deporte, “quien en agosto pasado recibió la sanción de destitución por la Función Pública y omitió supervisar la correcta comprobación de los gastos para los deportistas de alto rendimiento, incumpliendo a cabalidad con sus responsabilidades”.

Estas sanciones “se impusieron considerando la reincidencia y el nivel jerárquico de los funcionarios. A la fecha, en la presente administración, la Función Pública ha sancionado a una decena de servidores públicos de la Conade”.

Apenas a finales de enero, la SFP inhabilitó por 10 años a Alfredo Castillo Cervantes, titular de la Conade durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, por omisión en sus declaraciones patrimoniales durante tres años.

La sanción fue impuesta tras una verificación de la evolución patrimonial de servidores públicos, en la cual se detectaron las omisiones de Castillo ante la dependencia.

Las faltas fueron hechas de 2014 hasta 2016, y se omitió declarar seis cuentas bancarias a su nombre y al de su cónyuge, entre las cuales sumaban más de 18.3 millones de pesos, según evidenció la investigación hecha por la Dirección General de Responsabilidades y Verificación Patrimonial.

La Función Pública inició con la entrada al gobierno de Andrés Manuel López Obrador la averiguación de 26,064 expedientes de responsabilidad administrativa.

Al paso que va, el presidente de México acabará de bat-boy.

(Con información del semanario Proceso y el diario El Economista)