Claudia le quitó 20% de presupuesto al Metro
El Metro perdió el 20 por ciento de su presupuesto real de 2018 a 2022, con el gobierno de Sheinbaum.
Glorieta de Colón
El discurso de los simpatizantes de la 4T en medios de comunicación de que pudo haber un “compló” que ocasionó la tragedia del sábado, no la va a creer nadie, pues la frialdad de los números evidencia que el Metro perdió el 20 por ciento de su presupuesto real de 2018 a 2022, con el gobierno de Sheinbaum. En el último año de Miguel Mancera –cuyo gobierno fue bastante malo–, se le destinaron 18 mil 973 millones de pesos. El monto se incrementó a poco más de 20 mil millones en 2019, pero cayó dramáticamente en 2020 y 2021, con un promedio de 16 mil 500 millones de pesos. En 2022 y para este 2023 quedó prácticamente en los niveles de 2018, con 18 mil 800 millones en cifras redondas. De ese año a la fecha, la inflación acumulada ronda el 20 por ciento, de ahí la pérdida de presupuesto en términos reales. Esa es la razón de la crisis, la versión que será la conclusión de la mayor parte de la gente. Por cierto, el hilo siempre se rompe por lo más delgado: la jefa de Gobierno decidió destituir al subdirector de operaciones del Metro, Alberto García Lucio, pero ni un regaño al director, el intocable Guillermo Calderón. Ni modo que en la “4T” fuera distinto.
En Línea 3 hubo fallas de alerta
El pasado jueves, en este espacio dimos cuenta de que continuaban las fallas de alto riesgo en la operación cotidiana del Metro. Precisamente el martes 2, en la misma Línea 3 se paró el servicio por fallas en un tren entre Universidad y Copilco, que se detuvo de manera repentina, parecido a lo que originó la tragedia del sábado en esta misma línea verde. También se alertó de que en redes sociales circula un video en el que se observa que una puerta del vagón se abre durante el trayecto de estación a estación, lo que puso en riesgo la vida de los viajeros. Las fallas menores en un sistema de transporte tan grande como el Metro pueden entenderse como “esperadas”, pero no las que ponen en riesgo la vida de los usuarios, y el gobierno tiene que garantizar que viajarán a salvo.
