Investiga UIF a candidato del verde a gobierno de SLP por financiar terrorismo
Junto con su padre, Ricardo Gallardo Juárez, acumulan casi el centenar de propiedades mediante empresas fantasmas, como Tangamanga S.A. de C.V. y Tangamanga Andrés S.A. de C.V. con las que se edificó el fraccionamiento, Privada Continental Residencial, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, dónde ambos fueron alcaldes, se presume que los recursos provinieron del Cártel del Golfo y del Cártel de Sinaloa.
Junto con su padre, Ricardo Gallardo Juárez, acumulan casi el centenar de propiedades mediante empresas fantasmas, como Tangamanga S.A. de C.V. y Tangamanga Andrés S.A. de C.V. con las que se edificó el fraccionamiento, Privada Continental Residencial, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, dónde ambos fueron alcaldes, se presume que los recursos provinieron del Cártel del Golfo y del Cártel de Sinaloa.
CDMX, 22 abril 2021(REDACCIÓN / CDMX MAGACÍN).- El candidato del Partido Verde Ecologista de México, José Ricardo Gallardo Corona, es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda (UIF), por presuntamente financiar al terrorismo, además de operaciones con recursos de procedencia ilícita y desvío de recursos públicos.
Según las indagatorias, el candidato y su padre, Ricardo Gallardo Juárez, acumulan casi el centenar de propiedades mediante empresas fantasmas, como Tangamanga S.A. de C.V. y Tangamanga Andrés S.A. de C.V. con las que se edificó el fraccionamiento, Privada Continental Residencial, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, dónde ambos fueron alcaldes, se presume que los recursos provinieron del Cártel del Golfo y del Cártel de Sinaloa.
Otras empresas posiblemente vinculadas a la familia Gallardo son, Inversión Creativa de Desarrollo Inmobiliario S.A. de C.V., Quality Inmobiliaria Potosina, Agroindustrias Rincón S.A. de C.V., Cimientos y Construcciones San Luis S.A. de C.V. y Multi construcciones Centrales S.A.de C.V., entre otras.
Con ellas se estableció un mecanismo de lavado de dinero procedente del erario y de los Cárteles del Golfo y de Sinaloa, a cambio de permitirles que se asentaran en la referida municipalidad, con lo que se incrementó el número de delitos de alto impacto, como extorsión, secuestro, robo a mano armada y el cobro por derecho de piso.