Programas sociales CDMX, en manos de la Corte
Los alcaldes de oposición ya tienen prácticamente listo el documento de la acción de inconstitucionalidad contra la reforma legal que aprobó hace unos días el Congreso de la Ciudad de México, que le quitó a las Alcaldías las atribuciones para que creen y ejecuten programas sociales para apoyar a la gente con necesidades específicas y acordes a la realidad de cada demarcación.
Glorieta de Colón
Los alcaldes de oposición ya tienen prácticamente listo el documento de la acción de inconstitucionalidad contra la reforma legal que aprobó hace unos días el Congreso de la Ciudad de México, que le quitó a las Alcaldías las atribuciones para que creen y ejecuten programas sociales para apoyar a la gente con necesidades específicas y acordes a la realidad de cada demarcación. En realidad, parece que Morena lo que no quiere es que les surja otro Santiago Taboada, que alcanzó gran visibilidad en la CDMX y más de 2 millones 150 mil votos, en buena medida gracias al programa Blindar BJ. Tampoco quieren que en las demarcaciones que gobiernan los panistas prevalezcan programas como el de Estancias Infantiles, que revivieron y volvió a ser muy útil para la población y bien calificado en términos de aprobación política. Es altamente probable que la Corte va a echar abajo esta reforma, porque a todas luces violentó a la Constitución, local y federal, que contemplan la posibilidad de que municipios y Alcaldías creen programas para atender problemáticas regionales específicas.
Propiciar la formalidad
En espera de que en las próximas semanas puedan reunirse con la jefa de Gobierno electa Clara Brugada, empresarios de la capital del país tienen un objetivo muy claro que van a tratar con ella: aumentar la formalidad, porque actualmente el 55% de las empresas y la actividad económica de la CDMX se encuentra en la informalidad, de acuerdo con cifras de la Coparmex CDMX, que desde la semana pasada preside Adalberto Ortiz. Brugada debe considerar que si no propicia, premia, impulsa la formalidad, le va a afectar a su gobierno y al cumplimiento de los programas sociales que son tan importantes para ella, para preservar sus índices de aprobación pero sobre todo para los votos en la próxima elección. Si se abate la informalidad, también se incrementa el número de personas que cotizan en el IMSS, hay más empleo, mejores salarios y más ingresos tributarios, que permitirán la viabilidad de los apoyos sociales. A ver si así le entienden y se entienden con los empresarios para que todo mundo salga beneficiado.