Regulación de redes sociales debe salvaguardar Derechos: Instituto Belisario Domínguez

Deben tomarse en cuenta la protección y salvaguarda de los Derechos Humanos, no sólo civiles y políticos, también los que se han identificado como derechos digitales.

Ciudad de México, 20 marzo 2021 (REDACCIÓN / CDMX MAGACÍN).- En un proceso de regulación de redes sociales en nuestro país, deben tomarse en cuenta la protección y salvaguarda de los Derechos Humanos, no sólo civiles y políticos, también los que se han identificado como derechos digitales, según señaló el Instituto de Belisario Domínguez del Senado de la República.

Lo anterior derivó de las propuestas vertidas el pasado 18 de febrero, en un foro de discusión organizado de manera conjunta por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Cámara Alta, donde se analizó el planteamiento del senador, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, en ese sentido.

En ese marco se consideró que el Internet se ha convertido en una herramienta fundamental para ejercer derechos humanos de carácter civil y político, pero en la pandemia de Covid-19 también ha tenido un valor para el goce de otros derechos, como pueden ser: la educación, el acceso a manifestaciones artísticas e incluso para mantener vínculos sociales.

Asimismo, la regulación debe estar abierta a la participación y deliberación multisectorial, a fin de encontrar los consensos fundamentales en la materia.

También se dijo que no hay un modelo único en la regulación de las redes socio, sino varios con distintos enfoques y trayectorias históricas, por lo que México debe analizarlos de acuerdo con las características de su propio contexto para no adoptar alguno acríticamente.

En ese sentido, se enfatizó que es necesario alcanzar un equilibrio en la regulación de contenidos en línea, de manera que coexistan la autorregulación que puedan hacer las propias plataformas y las acciones del Estado, las cuales deben estar dirigidas a la protección de los derechos humanos de las personas usuarias frente a decisiones y políticas de actores que amenacen con coartar la libertad de expresión.