Comerciantes Línea 12: el montaje de Batres y Akabani
Todo es un montaje, acusan orquestado por el secretario de Desarrollo Económico, Fadlala Akabani –por cierto, bueno pa los giros negros cuando fue delegado de Benito Juárez–. Desde el 9 de agosto, Alina Vázquez, una mujer de 67 años de edad, se encuentra recluida en el penal de Santa Martha Acatitla. FOTO: Archivo CDMX Magacín
Glorieta de Colón
Ahora que el gobierno de Martí Batres reabrió en su totalidad la Línea 12 del Metro, sería ya buen momento para que también frene la persecución política contra algunos de los comerciantes que resultaron afectados por el cierre de avenida Tláhuac por casi 3 años, y que por haber tomado las oficinas de la Secretaría de Gobierno, en junio pasado, dos de sus líderes fueron llevados a prisión.
Todo es un montaje, acusan orquestado por el secretario de Desarrollo Económico, Fadlala Akabani –por cierto, bueno pa los giros negros cuando fue delegado de Benito Juárez–. Desde el 9 de agosto, Alina Vázquez, una mujer de 67 años de edad, se encuentra recluida en el penal de Santa Martha Acatitla.
Ella acusa que Akabani pagó a 18 personas con recursos públicos para que la denunciaran. No tienen pruebas contra ella, sólo dichos, pero el Juzgado Décimo con sede en el Reclusorio Oriente –que parece de consigna– la mantiene recluida por tentativa de extorsión, a pesar de que han violado el debido proceso, según alega ella. Ojalá así fueran de rápidos y duros con los criminales que rondan por todas las calles de la capital verdaderamente extorsionando y cobrando derecho de piso.
Por cierto, representantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México no le quisieron ayudar ante su denuncia de que han violentado el debido proceso. Se solicitó información sobre el caso a Cruz Arteaga y Ernesto Sólido, de la Segunda Visitaduría de la CDHDF, pero remitieron al área de prensa del organismo, que hasta el cierre de edición no ha dado respuesta.
Sin chalecos guinda, en campaña
Durante su registro como precandidata única para la Alcaldía Álvaro Obregón, Lía Limón puso el dedo en la llaga y exigió al Gobierno de Martí Batres y a Ulises Lara, su fiscal carnal, que saquen las manos del proceso electoral y respeten la voluntad popular.
Por lo menos de aquí en adelante, porque ya hay un daño hecho: “Han echado la casa por la ventana; han gastado hasta lo inimaginable, por supuesto violando la ley”. Todo apunta que le van a seguir: los más de mil 500 promotores del Bienestar de la CDMX van a aprovechar la veda electoral para quitarse los chalecos guindas y hacer campaña todo el día con cargo al erario, además de un pago extra en cash.
